Un migrante es «alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros», una definición de las Naciones Unidas para referirse a quienes han decidido salir de su país de origen huyendo de algunas crisis o en búsqueda de una mejor calidad de vida.
Save The Children estima que en el mundo hay 272 millones de personas que han traspasado las fronteras de su país, buscando nuevas y mejores oportunidades de trabajo, educación, salud, medios de vida, buscan alejarse de la violencia, la pobreza o los tratos humillantes.
Según la plataforma para refugiados y migrantes de las Naciones Unidas, cerca de 5 millones 400 mil venezolanos han migrado a países como Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil y Panamá, de los cuales cerca de 1 millón 750 mil se encuentra en Colombia, constituye una de las diásporas más grandes observadas en Latinoamérica en los últimos 50 años, teniendo en cuenta que esta cifra representa solo la información suministrada por los estados, “Como muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, es probable que el número total sea más alto”.
El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) indica un estimado de unos 150 mil ciudadanos y ciudadanas venezolanos asentados en La Guajira, mientras que Migración Colombia calculó a mediados de este años una cifra superior cercana a las 160 mil personas viviendo en el departamento fronterizo.
Migrar es un derecho humano, que se ve amenazado cuando se hace en condiciones difíciles: muchos encuentran la muerte en sus rutas de salida, son víctimas de tráfico de personas, son explotados laboralmente, discriminados, aislados, separados, sufren hambre, deshidratación, no tienen hospedaje, los derechos civiles, educativos, de salud, acceso al trabajo, quedan relegados, describe la organización internacional Save The Children en nota alusiva a la celebración.
En Colombia, el Permiso Especial de Permanencia (PEP) otorga a los venezolanos la permanencia temporal de dos años en condiciones de regularización migratoria, lo que les permite trabajar, ser vinculados con un contrato laboral y acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y en atención de la niñez. A través del CONPES 3950 de 2018 -2021 Colombia definió las estrategias de atención en salud, educación, vivienda, seguridad, y a través de diversos decretos, circulares y lineamientos ha venido dando forma a este acceso de los derechos.
Para la Organización Internacional para las Migraciones, los migrantes contribuyen con su conocimiento, con las redes que conforman y capacidades al desarrollo de comunidades más fuertes y resilientes. “En los últimos meses, los migrantes han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Las contribuciones de los migrantes en los ámbitos de la salud, el transporte y los servicios de alimentación han hecho que nuestras vidas durante el confinamiento se hicieran más llevaderas”.
“Al igual que las personas que se encuentran viviendo al margen de la sociedad, los migrantes se ven desproporcionadamente afectados por el COVID-19 ya que han perdido sus puestos de trabajo, han sufrido desalojo y discriminación. Millones de migrantes están varados, en muchos casos sin ningún ingreso y sin un lugar donde vivir, sin posibilidad alguna de regresar a sus hogares debido a las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia, provocando a su vez, que corran cada vez mayores riesgos de ser víctimas de trata y explotación”, dice la publicación de las Naciones Unidas.
